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@escupeletras
En el último año, la élite
del poder político en México, especialmente el grupo a cargo del poder Ejecutivo
y su partido, han protagonizado una serie de escándalos mediáticos en los que
se revela su vida llena de lujos y sus probables actos de corrupción con cargo
del erario público.
No es que sea nuevo que
los políticos ‘profesionales’ desvíen recursos públicos para su beneficio
personal o que lleven una vida suntuosa muchas veces inexplicable, pero ahora
la diferencia radica en que es más complicado para ellos ocultar sus corruptelas
y excesos ante una variedad de medios de comunicación con diversos intereses y
en una época donde la información circula vertiginosamente por internet al
alcance de un click (con las reservas y limitaciones, claro, de que el acceso a
internet aún no alcanza ni la mitad de la población y que los grandes medios tradicionales,
a través de los cuales se sigue informando la mayoría de la gente, siguen férreamente
controlados).
Casos emblemáticos sobran: la famosísima “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto y su
esposa Angélica Rivera; la casa del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray
Caso; la visita presidencial al Reino Unido con 200 personas en comitiva
incluyendo a la familia presidencial y su costosa indumentaria; el viaje de
compras de Angélica Rivera y familia a Beverly Hills; el caso del ahora ex
secretario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld
Federman, donde hacía uso privado de un helicóptero oficial acompañado de su
familia con todo y maletas en vísperas de vacaciones pretextando una emergencia
de salud; y más recientemente el caso de las casas que ha ocupado en los
últimos años el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; entre
muchos otros. Todos ellos, penosas ilustraciones de, como diría el también
priista exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, “la plenitud del pinche poder”.
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Llama la atención la
manera en que estos políticos reaccionan a la revelación de información que
pone en tela de juicio su gestión gubernamental. En la mayoría de los casos hay
una tendencia en las respuestas que fácilmente puede resumirse en la siguiente frase:
“Sí, llevo una vida de lujos y ostentación digna de un rey, pero todo es legal,
eh”.
Ante el escándalo de
la “Casa Blanca”, Angélica Rivera publicó un video donde “aclaraba”, sin lograr
desmentir un solo dato del reportaje que destapó el caso, que la casa sí era
suya, que la estaba pagando y que le alcanza para pagarla con lo que ha ganado.
Misma técnica se usó para el viaje a Londres y el shopping de Beverly Hills. Misma
técnica usó Videgaray cuando le tocó su turno con la otra casa Higa. Osorio
utilizó una técnica con algunas diferencias, pero muy similar, negó que los inmuebles
fueran de su propiedad o de cualquiera de su familia, pero aceptó que los ha
habitado durante algunos años de forma ‘legal’. En otras palabras (y más allá
de la imprecisiones que pudieran tener los reportajes que consignan los casos),
todos aceptan que viven en auténticos palacios, pero aseguran que no hay
corrupción detrás.
No importa para ellos que
las cuentas no salgan, que sus salarios simplemente no den para adquirir o
siquiera rentar inmuebles de ese tamaño, material, diseño y ubicación. No
importa que detrás de cada inmueble haya innegables conflictos de interés que
los ligan a empresarios consentidos que tienen contratos por miles de millones
con el gobierno que ellos encabezan. Nada de eso importa. Ellos se apegan al guión:
No hay acto de corrupción, todo es legal, todo está en orden, todo está en el
marco de la ley; la ley que ellos aprueban, claro está. Como la revelación de
su opulencia está hecha y es innegable, optan por enfatizar que no hay delito
que perseguir. Aceptan implícitamente que su vida está llena de lujos y
ostentación, pero que tienen una estrategia para poderla sostener sin violar la
ley, o al menos así lo aseguran. ‘O sea, sí vivo como rey y vivo en un palacio,
pero el palacio no es mío’. ‘Sí vivo como un zar, pero el castillo lo estoy
pagando en abonos chiquitos’. ‘Sí vivo como un emperador, pero estos autos de
lujo, estos viajes, estas joyas y vestidos los pago de mi sueldo’.
En la visita presidencial a Reino Unido viajaron 200 personas, inlcuida la familia Peña Rivera con todo y su costoso vestuario. (FOTO: AFP Image) |
En un país con el 60%
de la población viviendo en la pobreza y otro 30% muy cerca de ella, EPN y su
gabinete creen tontamente que pueden vivir en lujosas casas y que la gente se
quede feliz y conforme sólo porque dicen “no es mía” o “me alcanza con lo que
gano”. En un país donde más del 90% de los trabajadores no alcanza a ganar 10
mil pesos al mes y el 60% de los trabajadores gana menos de 6 mil pesos
mensuales, los que detentan el poder público no pueden esperar aplausos cuando
aceptan de facto que se dan una vida de jeque árabe.
Un país donde una
persona que gana el salario mínimo tendría que trabajar 3 mil 361 años para
comprar una casa como en la que vive el presidente no puede llamarse
democrático. Un país donde a 62 millones de personas no les alcanza para comprar la canasta básica con el ingreso de su trabajo no puede llamarse justo.
Pero todo eso no
importa, porque todo es “legal”. Esta “legalidad” que huele a corrupción y a impunidad,
que hiede a descaro, que apesta a injusticia.
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