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| (FOTO: ESPECIAL) |
Por Gustavo Godínez
Twitter: @escupeletras
El
magisterio en México cumple con la función primordial de formar académicamente
a las nuevas generaciones, preparándolas para los retos de la vida y el trabajo
diario, sin embargo, en los últimos años ha sido víctima de una campaña que
busca debilitar la educación pública para que el sector privado gane terreno
paulatinamente.
La
información dada a conocer el 14 de mayo por el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) sobre las variadas irregularidades que hallaron al
examinar las nóminas del magisterio en el país reveló que persisten los abusos
por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así
como de las autoridades estatales y federales.
Entre
lo más destacado de la información divulgada por el IMCO fue que al menos 70 personas
ganan más que el presidente de la República, los cuales tienen un salario mayor
a los 193 mil 458 pesos mensuales, sin contar prestaciones, bonos y/o aguinaldo,
mientras que el titular del Ejecutivo federal percibe 120 mil pesos al mes; sólo
25 de ellos trabajan en escuelas y sólo siete lo hacen en escuelas consideradas
de excelencia.
Otra
de las anomalías que causó revuelo fue el hallazgo de los llamados “maestros Lupitos”
en el estado de Hidalgo, donde mil 440 registros de personas tienen fecha de
nacimiento el 12 de diciembre de 1912, es decir, tienen más de 100 años de
edad, y cuyos salarios al trimestre le cuestan 31 millones 807 mil 948.79 pesos
al erario público.
Pero,
al igual que en otros de los variados escándalos que han envuelto al magisterio
en los últimos años, en muchos medios de comunicación se presenta a los profesores
como los culpables de las groseras irregularidades, como “los malos” de la película;
se refieren a las personas insertadas en la nómina como “maestros”, cuando en
realidad no lo son. Es evidente que no se trata de profesores, sino de protegidos
de los grupos de poder que fueron clavados en los registros para devengar un
salario que no han desquitado, aviadores,
pues.
No se trata de defender lo indefendible. No es la primera vez
que en la prensa se revelan casos como éstos. Es usual hallar a familiares y
amantes de líderes y funcionarios, periodistas alineados y alfiles políticos
como aviadores en Hidalgo y en muchas
otras entidades. Desde hace muchos años el SNTE y la SEP en todo el país
mantienen a miles de aviadores en la
nómina con el visto bueno, o cuando menos la vista gorda, de los gobiernos
estatales y el federal.
Claro que hay que denunciar estos casos y cualquier otro que represente
un abuso, claro que hay que exigir a las autoridades que acaben con la
corrupción en la SEP, pero este discurso no debe de ser utilizado para
debilitar la educación pública. Es notorio que muchas de las “OSC” que
denuncian la corrupción en la SEP no buscan eliminarla, sino privatizar la
educación. Cuidado.
El
discurso predominante en muchos medios de comunicación y las OSC que se supone
pugnan por una educación de calidad se retrata al magisterio en general como un
gremio consentido que hace muy poco a cambio de mucho. Se pierde de vista que
no todos los profesores devengan salarios de lujo, que muchos de ellos,
especialmente en las zonas rurales, tienen un salario muy bajo. Se pierde de vista
que los casos de corrupción que se dan a conocer son protagonizados siempre por
los líderes charros y por las propias autoridades educativas, pero es usual que
se etiquete en general al problema como “los maestros”.
Se
pierde de vista que la gran mayoría de los profesores se encuentra en las aulas.
Poco o nada tienen que ver los millones de maestros que asisten diariamente
frente a grupo con la colección de privilegiados por la corrupción de las
cúpulas de poder.
Un
discurso similar se utilizó durante el cabildeo de la Reforma Educativa del
2013. Cuando miles de maestros que se manifestaron para proteger sus derechos
laborales fueron retratados como revoltosos a los que poco les importaba la
calidad de la educación, aunque muchas de sus peticiones eran legítimas.
A
pesar de las recomendaciones de expertos en materia educativa que señalaban la
necesidad de una Reforma Educativa formativa que llevara de la mano a los
maestros a la mejora continua, el gobierno federal y el Congreso de la Unión optaron
por una reforma punitiva que castiga derechos laborales. Finalmente se aprobó
una reforma que deja intactos los programas de estudios y las estrategias
educativas y en la que el Estado no se compromete a nada, no mejora salarios y
prestaciones, no garantiza planteles dignos y, sí, se dan los primeros pasos a
la privatización.
La
organización Mexicanos Primero es una de las que más empeño ha puesto en
señalar las irregularidades del sistema educativo nacional, pero más aún en el
desprestigio del magisterio. Su presidente, Claudio X. González, cofundador de
la Fundación Televisa, expresidente del
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, miembro del comité del programa
Bécalos (que aprovecha la buena intención de la gente en el redondeo) y
entusiasta impulsor de las privatizaciones en el país ha sido un furibundo
crítico del sistema educativo mexicano.
Imposible
resulta creer que una institución que es apéndice de Televisa, empresa que por
años ha lucrado con la ignorancia y desinformación, esté realmente interesada
en el fortalecimiento de la educación pública en México. Simplemente es que han
encontrado en el sector educativo una oportunidad de negocio.
El
objetivo de esta estrategia de desprestigio es claro: insertar en la población
en general la idea de que el sistema educativo público y gratuito del país no
funciona, que no tiene remedio y que los culpables son los maestros que se
resisten a las mejoras. Esta idea permitiría ganar espacio en el sector
educativo a las empresas privadas. La mayoría de
las “OSC” que denuncian corrupción en la SEP no buscan sanearla y fortalecer la
educación pública y gratuita, sino imponer a mediano y largo plazo un modelo
privado que les rinda dividendos.
No
se trata de tapar el sol con un dedo. Al modelo educativo mexicano le urge una reestructuración
que lo saque del atolladero de los últimos lugares del mundo, esta necesaria reestructuración
tiene que ir mucho más allá de lo que plantea la pobre Reforma Educativa del
año pasado, que más bien resultó ser una reforma laboral para maestros que poco
aportará a la mejora de la calidad y mucho afectará a los derechos de los
docentes. Son necesarias nuevas estrategias, pero de nada sirven las campañas negras
que culpan de todos los males al magisterio.
Todos
los esfuerzos reales para mejorar la educación pública y gratuita deben ser
aplaudidos, todas las denuncias de corrupción en la SEP y el SNTE deben ser
escuchadas y resueltas, pero, ojo, hay que tener cuidado con los que agitando
la bandera de la mejora educativa buscan convertir lo público en privado.
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